Hace algunas semanas el Gobierno anunció la eliminación de la franquicia tributaria SENCE como parte de su plan de contención del gasto fiscal. El sector reaccionó con alarma. El debate se instaló.
Y esta semana, en medio de esa discusión aún abierta, se publicó un dato que debería cambiar el tono de la conversación: cerca del 27% de los ocupados en Chile trabaja en condiciones de informalidad, y el país, si bien está creando empleo, no está creando empleo de calidad.
Leídos juntos, ambos hechos describen una contradicción de política pública difícil de ignorar.
"Chile está creciendo en empleo, pero no necesariamente en empleo de calidad. La informalidad no es solo un problema laboral: es un freno a la productividad. A mayor informalidad, menor eficiencia, menos capacitación y menos inversión."
— Javier Galaz, CEO de Grafton Latam · 24horas.cl, abril 2026
Esa frase lo dice todo. Y lo dice justo en el momento en que el Estado decide retirar el principal incentivo tributario que tenían las empresas para invertir en la formación de sus trabajadores.
No al término de la franquicia tributaria. Sí a una revisión profunda del modelo completo.
Porque el problema real no es la existencia del instrumento. El problema es lo que hicimos con él. Un sistema que durante años premió gastar y castigó exigir. Que midió cobertura en lugar de impacto. Que permitió que la capacitación fuera vista como un trámite fiscal y no como una inversión estratégica. Eso hay que cambiarlo. Pero cambiarlo no significa eliminarlo: significa rediseñarlo desde la raíz.
Porque si hay un momento en que Chile necesita más y mejor capacitación, es ahora. Con un 27% de informalidad, la brecha no está solo en los contratos: está en las competencias. Un trabajador informal no accede a formación continua. Una pyme que no capacita no logra ordenar sus procesos ni transitar hacia la formalidad de manera sostenible. La capacitación no es un lujo: es el puente entre el empleo precario y el empleo de calidad.
Eliminar la franquicia sin una alternativa concreta es retirar ese puente justo cuando más se necesita.
La reforma que el sistema requiere es otra: que la franquicia deje de financiar cursos genéricos y empiece a financiar intervenciones específicas. Que el código SENCE se asocie a la empresa y a su necesidad real, no al catálogo del OTEC. Que el Estado mida si mejoró la productividad del proceso intervenido, no solo si se ejecutaron horas de capacitación. Que el incentivo apunte exactamente donde el país lo necesita: a mejorar la calidad del empleo, a reducir la brecha de competencias, a hacer que cada peso invertido en formación se traduzca en un trabajador más capaz y una empresa más competitiva.
Chile no puede darse el lujo de crecer en cantidad de empleos mientras retrocede en calidad. Y no puede retroceder en calidad si simultáneamente desmantela los instrumentos que incentivan la formación del capital humano.
Esta es la hora de ponerse serios. Todos los actores: empresas, OTECs y Estado. No para defender un sistema que claramente falló. Sino para construir uno que funcione de verdad.
