Es la ley que regula los derechos y deberes de los funcionarios públicos en organismos del Estado chileno.
El Estatuto Administrativo (Ley 18.834) es el marco legal que regula la relación laboral entre el Estado de Chile y sus funcionarios. Aplica a quienes se desempeñan en Ministerios, Intendencias, Gobernaciones y Servicios Públicos centralizados o descentralizados, estableciendo sus derechos, deberes, prohibiciones y el régimen de responsabilidad administrativa.
En palabras simples, el Estatuto Administrativo funciona como el "Código del Trabajo" del sector público, pero con reglas mucho más estrictas sobre probidad y responsabilidad. Comprender esta normativa es un requisito crítico tanto para quienes buscan ingresar al Estado como para los funcionarios en ejercicio que desean proteger su carrera funcionaria. Si estás evaluando opciones de capacitación, puede ayudar revisar esta guía completa sobre administración pública y estatuto administrativo (URL_SUGERIDA: https://redcapacitacion.cl/
Para que un profesional sepa si se rige por esta normativa, debe considerar los siguientes puntos:
Naturaleza del organismo: Aplica en servicios centralizados (dependientes de un Ministerio) y descentralizados (con personalidad jurídica propia).
Calidad jurídica: Regula principalmente a los funcionarios de Planta y a Contrata.
Excepciones: No aplica directamente a funcionarios municipales (Ley 18.883), Fuerzas Armadas o personal regido por estatutos especiales.
Responsabilidad: Define el marco para investigaciones sumarias y sumarios administrativos ante faltas a los deberes.
Es importante aclarar que los trabajadores a honorarios se rigen por las cláusulas de sus contratos civiles y no poseen calidad de funcionarios públicos bajo la Ley 18.834. Muchas empresas y organismos estatales optan por contratar cursos sobre administración pública (URL_SUGERIDA: https://redcapacitacion.cl/
Este contenido es meramente informativo y no reemplaza la capacitación formal ni la asesoría legal profesional. Para decisiones críticas sobre carrera funcionaria o procesos disciplinarios, se debe revisar la normativa vigente y consultar con especialistas en derecho administrativo.
